Minería acaba lentamente con 89 comunidades afro

AGO, 18, 2017 | 11:35

En dos lugares de 89 comunidades de los cantones Eloy Alfaro y San Lorenzo, zona norte de la provincia de Esmeraldas, la minería ilegal y legal todavía no intervine debajo de las casas de los comuneros y en ciertas áreas de sus parcelas.
 

No así en los ríos, esteros, bosques y en su gente, donde los efectos del uso indiscriminado del mercurio, arsénico, hierro, vanadio y aluminio que muchos usan para extraer el oro, han generado, incluso, mutación y extinción de los peces en ciertos afluentes.
 

Las evidencias gráficas y documentales las expuso en un foro contra la minería ilegal, Eduardo Rebolledo, investigador de la Pontificia Universidad Católica (PUCE) Esmeraldas. Su hallazgo determina que al menos 42 mil personas del norte de la provincia de Esmeraldas, en alguna ocasión, se expusieron a la contaminación provocada por las empresas mineras ilegales.


Los ríos cambiaron

Desde septiembre de 2015, la Empresa Nacional Minera del Ecuador (Enami EP) entregó cerca de 38 mil 700 hectáreas entre los dos cantones afectados a la Cooperativa de Producción Minera ‘Río Santiago y Cayapas’ (Coprosan), quienes manejan nueve concesiones. Ellos son considerados legales.
 

En la Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Esmeraldas, estiman que entre las 89 comunidades afectadas por la minería y la deforestación están unas 80 mil personas divididos entre niños, embarazadas, hombres y adultos mayores, la mayoría afro-ecuatorianos; también hay reportes de chachis.
 

Su gente no solo presenta problemas dermatológicos, sino estomacales. Depender de 15 afluentes que cruzan sus comunidades impide erradicar los problemas de salud. La pobreza también vive entre ellos.
 

“Los ríos ya no tienen sus colores naturales, ahora son plomos o amarillo oro”, detalla Kléver Santana, de Pastoral Social. La necesidad de tener agua segura y no convivir con la industrialización de la minería, llegó hasta a los entes de control en 2010.
 

Un año después, el 24 de marzo, el Juez Sexto de Garantías Penales Multicompetente de san Lorenzo, dispones siete medidas cautelares, las que hasta 2017, siguen pendientes, pese a que se dispuso cumplirlas en máximo 90 días.

 

Acciones de la audiencia

Entre las acciones están dar agua potable a las comunidades, determinar el estado de salud de los comuneros, suspensión total y absoluta de la actividad minera y la intervención de los ministerios del Ambiente, Salud, de Riegos, Senagua. Que cumplan su rol es una función de la Defensoría del Pueblo que impulsa la causa a favor de las 89 comunidades.
 

Los afectados, ambientalistas, de la iglesia, sociedad civil están convencidos que falta mucho por hacer, por organizaron la ‘Audiencia del Chocó’, que se hará a las 09:00 del martes 22 de agosto, en el cantón San Lorenzo en el salón de actos de la parroquia cristiana ‘Martín de San Lorenzo’.

Se calcula que 207 personas copen en lugar. Entre ellos 13 testigos que escucharán 50 de la sociedad civil; 18 peritos; 70 comuneros; 40 de Quito entre otros que detallaran la problemática actual para luego en manifiesto, exigir del Estado: reparación integral y restauración.
 

“Se va a delatar la verdad de toda la afectación de la minería y la deforestación de las palmicultoras. Infamaremos incluso a las Naciones Unidas”, adelanta Kléver Santana, de Pastoral Social, quien promueve la ‘Audiencia del Chocó’. (MGQ)

 

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