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Tras secuestro, solidaridad y una exigencia: ‘los queremos de vuelta ¡ya!’

MAR, 28, 2018 |

ACTO. El Ministro del Interior confirmó el secuestro y declaró ante la prensa que están “bien”.

Un equipo de diario El Comercio fue secuestrado en la frontera. Los periodistas piden que los devuelvan intactos. 
 

Con más de una hora de retraso empezó la rueda de prensa en la que solo habló el ministro del Interior, César Navas, pero estuvo acompañado del de Defensa, Patricio Zambrano, y los altos mandos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Tres personas, un periodista, un fotógrafo y un conductor de diario El Comercio fueron secuestrados, según confirmó Navas, el lunes en Mataje, parroquia fronteriza de Esmeraldas. 

“Los tres pasaron por el retén militar y recibieron las advertencias correspondientes del riesgo”, señaló Navas, al indicar que la noche del lunes, después de conocer sobre el secuestro, altas autoridades del Estado se reunieron con representantes del rotativo y familiares de los secuestrados para darles información sobre el hecho y los protocolos a seguir. “Sabemos que están en Colombia y la Policía está trabajando para ver cuáles son las acciones que se van a seguir”, dijo. 

Navas manifestó que las unidades especializadas de la Policía trabajan en la resolución de la situación, aunque no dio nombres de los secuestrados ni identificó a los secuestradores, se limitó a decir que “están bien”. “El Gobierno no escatima ni escatimará ningún esfuerzo para proteger la vida de nuestros conciudadanos”, expresó, cuando ratificó la continuidad del Estado de Excepción en la zona. 

Cuando se le preguntó al Ministro sobre la obligación del Estado de proteger a los periodistas, durante su cobertura en la frontera, instó a los reporteros a seguir “estricta observancia al protocolo de cobertura emitido por el Ministerio del Interior hace un mes, para precautelar su integridad y garantizar las condiciones propias de su trabajo”. En ese sentido, se comprometió a revisar los protocolos. 

 

‘Escalada’
El coronel (r) Alberto Molina reconoce que la actual situación, cuyo corolario es el secuestro, responde a una escalada de violencia generada “porque no ha habido una política que permita haber neutralizado la amenaza con anterioridad. Es decir, accionar y no reaccionar”. 

61
días han pasado desde el primer ataque. 
Para él, la gravedad del conflicto tiene que ver con que tiene características asimétricas, no se combate contra un Ejército regular que respeta ciertos procedimientos, sino contra agrupaciones delincuenciales que usan el terrorismo y que provienen tanto de la disidencia de las FARC, como del ELN, paramilitares y cárteles del narcotráfico. 

Sin embargo, el jurista y catedrático Hugo Cahueñas explica que todo esto aún no implica un conflicto armado, es una situación de “violencia armada de tipo delincuencial” y particularmente para los periodistas, la cobertura en esta zona es de riesgo. Consecuentemente, como no hay conflicto armado en términos de Derecho Internacional, no se pueden aplicar normas del Derecho Humanitario, sino solo de los Derechos Humanos.  

Cahueñas recuerda que, bajo una situación de Estado de Excepción, como la que rige en esa zona, “se pueden suspender varios derechos o limitarlos, en este caso la libertad de movilización ante zonas de riesgo”. “Pero es importante que exista información, la obligación del Estado es informar”, agrega. 

200
periodistas firmaron la primera versión de la carta en la que piden por la seguridad de sus colegas. 

También considera que los periodistas, ante los riesgos de este tipo de coberturas, deben practicar protocolos de seguridad y dialogar permanentemente con las autoridades, así como las autoridades deben “garantizar la función del personal periodístico”, que debe seguir informando y puede convertirse en un constructor de la prevención ante una situación de violencia. (DLH) 

 

Consternación periodística  
°  La consternación entre quienes ejercen el oficio fue grande. Alrededor de 200 periodistas, fotoperiodistas y camarógrafos de varias generaciones firmaron un pronunciamiento, en el que exigieron “que nuestros colegas sean recuperados sanos y salvos”, así como “acciones inmediatas” del Estado sobre este asunto. “Estamos claros de los riesgos que implica nuestro trabajo en zonas de conflicto, pero es deber del Estado precautelar la seguridad del ejercicio profesional del periodismo”, dice el documento.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó el secuestro e instó “a las autoridades a garantizar su liberación segura y expedita”. Por su parte, Reporteros Sin Fronteras (RDF) pidió que se hagan todos los esfuerzos para localizarlos y que sean liberados. “El Gobierno ecuatoriano debe actuar lo antes posible”, dijo Emmanuel Colombié, el responsable del Despacho para América Latina de RSF. “Asimismo, debe garantizar la seguridad de los periodistas que trabajan en estas zonas de conflicto transfronterizas, donde las condiciones de trabajo y de seguridad de los reporteros son cada vez peores”. 

3
muertos se han dado por el reciente conflicto. 
En el plano interno, la Unión Nacional de Periodistas (UNP), demanda que “las instituciones del Estado relacionadas brinden seguridad para el trabajo periodístico en zonas de riesgo”, y alertó a la opinión pública que “estas prácticas coercitivas y violatorias a la libertad de expresión, el ataque a los medios y periodistas para buscar su silencio, son parte de la política de amedrentamiento de fuerzas antidemocráticas y delincuenciales”. 

Fundamedios activó una alerta: “Las acciones de violencia contra periodistas y miembros de medios de comunicación constituyen una de las formas de censura más extremas”. Además, reivindica que “forma parte del campo de actividades periodísticas cubiertas por el derecho a la libertad de exresión el visitar comunidades afectadas por situaciones de conflicto armado”, por lo que pide al Gobierno que se garantice seguridad ante el ejercicio de ese derecho.  En un sentido similar se pronunció la Asociación de Prensa Extranjera en Ecuador.

 

 

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